jueves, 24 de enero de 2013

Periodistas españoles deportados de Panamá en 2011 piden justicia

PANAMÁ.- Los periodistas españoles Paco Gómez y Pilar Chato, deportados de Panamá hace casi dos años en medio de protestas indígenas, pidieron "independencia" y "celeridad" a la justicia panameña para demostrar su inocencia, tras ser acusados de instigar a los manifestantes.

"Han pasado casi dos años desde este grave atentado contra la libertad de expresión y la justicia panameña no ha mostrado voluntad de esclarecer los hechos", asegura Gómez.
"Por eso, exigimos independencia y celeridad a la Justicia panameña ya que nuestro caso significa un ataque a la libertad de expresión y de prensa de una magnitud inédita", añadió Gómez en un comunicado que hizo circular en medios de prensa.
Gómez y Chato fueron deportados de Panamá el 28 de febrero de 2011 en medio de violentas protestas de grupos indígenas y campesinos, quienes se oponían a las concesiones mineras e hidroeléctricas otorgadas por el gobierno.
El presidente de Panamá, Ricardo Martinelli, acusó a Gómez y a Chato de agitar e instigar las protestas.
Gómez, escritor y columnista del diario panameño La Prensa, fue detenido días antes de su deportación junto a Chato en los predios del Congreso panameño, en medio de una jornada de protestas indígenas.
Gómez, quien dirigía en Panamá la organización defensora de los derechos humanos Human Rights Everywhere, ha sido un implacable crítico del gobierno de Martinelli y ha fustigado la minería a cielo abierto cuya expansión promueve su gobierno.
Según Gómez, existe "un bloqueo total" de la justicia panameña hacia las demandas y recursos que han interpuesto. "Sentimos que tampoco se nos está permitiendo defender nuestra inocencia y demostrar la actuación irregular de las autoridades panameñas", aseguró Gómez.
Durante el gobierno de Martinelli han sido varias las sentencias contra periodistas por calumnia e injurias.
El veterano periodista panameño Carlos Núñez llegó a estar preso varios días en 2010 en cumplimiento de una vieja sentencia, tras realizar una denuncia por presuntos delitos contra el medioambiente.

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