LONDRES.- El Tribunal Supremo de Reino Unido ha
confirmado que los proveedores de servicios de Internet (ISP) deben
cortar el acceso de los usuarios al portal The Pirate Bay. La justicia
británica ha atendido las peticiones de organizaciones como la Industria
Fonográfica Británica que acusaban al servicio de piratería. El
Tribunal Supremo ha considerado que la web viola derechos de autor de
forma masiva.
The Pirate Bay recibe un nuevo y duro golpe. El servicio sueco ha
sido sometido a examen en diferentes países en los que se han emprendido
acciones en su contra. Varios de sus fundadores se enfrentan a penas de
cárcel en Suecia y en Finlandia y sus actividades también habían sido
recientemente cuestionadas. Además de estos problemas, The Pirate Bay ha
recibido un duro golpe en Reino Unido.
El Tribunal Supremo del país ha considerado que The Pirate Bay ha
incurrido en delitos relacionados con la violación de derechos de autor.
Según la BBC, el Tribunal ha decidido emitir una orden para que los
principales proveedores de servicios de Internet de Reino Unido eliminen
la posibilidad de los usuarios a conectarse a The Pirate Ebay. De esta
forma, los ISP tendrán la obligación de censurar la conexión, asestando
un duro golpe al servicio en Reino Unido.
La BBC se hace eco de declaraciones de un portavoz de la Industria
Fonográfica Británica (BPI), colectivo que ha mantenido una condena
constante sobre las actividades de The Pirate Bay. Según esta
organización, el portal ha "destruido puestos de trabajo en Reino Unido y
ha socavado la inversión en nuevos artistas británicos".
Para la BPI la decisión del Tribunal Supremo confirma que las
actividades de The Pirate Bay suponen una vulneración masiva de los
derechos de autor. La medida hará que ni la web ni los operadores puedan
lucrarse de la explotación de contenidos protegidos con derechos de
autor, según ha comentado el director ejecutivo de BPI.
Con esta decisión, los ISP serán los responsables de cortar el
acceso a la página entre los usuarios de Reino Unido. Se trata de un
duro golpe para el servicio que podría influir las decisiones legales
sobre el servicio en otros países de Europa.
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